Durante su comparecencia ante el Congreso estatal, Lyzbeth Robles reportó la incorporación de 140 unidades y mil 830 operativos, mientras legisladores exigieron resultados en movilidad, seguridad y cobertura del transporte público.
Pachuca, Hidalgo.– La secretaria de Movilidad y Transporte de Hidalgo, Lyzbeth Robles Gutiérrez, compareció ante el Congreso del Estado como parte de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno de Julio Menchaca Salazar, donde presentó avances de la dependencia y respondió a cuestionamientos sobre las tarifas, la operación del Tuzobús, el servicio de plataformas digitales y las deficiencias del transporte público convencional.
Durante su intervención, la funcionaria destacó la incorporación de 140 unidades al Sistema de Transporte Metropolitano, equipadas con cámaras de videovigilancia y tecnología de inteligencia artificial para analizar los hábitos de conducción. También informó sobre la realización de mil 830 operativos de vigilancia y supervisión, así como la incorporación de 351 personas conductoras al sistema.
En materia de planeación urbana, reportó una inversión superior a los 25 millones de pesos para los Planes Integrales de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) de las zonas metropolitanas de Tula y Tulancingo, además de Tizayuca. Asimismo, señaló que se encuentran en desarrollo estudios para Huejutla de Reyes e Ixmiquilpan.
No obstante, durante la ronda de preguntas, legisladores de distintas fuerzas políticas señalaron pendientes relacionados con la frecuencia de paso de las unidades, la cobertura de las rutas, la accesibilidad y la falta de resultados concretos derivados de los estudios de movilidad.
Cuestionan tarifas y calidad del servicio
Uno de los temas recurrentes fue el incremento del 20 por ciento en la tarifa del transporte colectivo, que pasó de 10 a 12 pesos. La diputada priista Johana Montcerrat Hernández Pérez pidió conocer qué mejoras se han implementado para justificar el ajuste, particularmente en los tiempos de espera, la cobertura, los horarios y las condiciones de las unidades.
También cuestionó las medidas para reducir los accidentes y garantizar que las personas usuarias reciban atención cuando resultan lesionadas durante incidentes relacionados con el transporte público.
En respuesta, Robles Gutiérrez afirmó que la dependencia ha intensificado los operativos de vigilancia y supervisión, además de dar seguimiento a las quejas ciudadanas. Sobre los cobros indebidos, informó que se han recibido nueve quejas desde la entrada en vigor del nuevo tarifario e invitó a la población a presentar denuncias formales para investigar cada caso.
La legisladora Claudia Lilia Luna Islas, del PAN, también puso en duda los indicadores de eficiencia operativa y los intervalos de paso reportados por la dependencia, al señalar que las personas usuarias pueden esperar más de 20 minutos por una unidad.
La secretaria aclaró que el transporte masivo y el convencional tienen indicadores distintos. Precisó que el primero registra una eficiencia operativa del 99 por ciento, mientras que el segundo enfrenta rezagos históricos que requieren acciones adicionales de ordenamiento y supervisión.
SEMOT reporta multas a unidades vinculadas con plataformas digitales
La operación de Uber y otros servicios de transporte mediante aplicaciones o redes sociales fue otro de los asuntos centrales de la comparecencia.
El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Avelino Tovar Iglesias, cuestionó las acciones emprendidas por la SEMOT para atender la operación de estas plataformas y garantizar condiciones de competencia frente a los concesionarios que deben cumplir con permisos, seguros y revisiones vehiculares.
La titular de la dependencia sostuvo que los amparos promovidos por Uber no le conceden autorización para prestar servicios de transporte en Hidalgo y afirmó que la legislación estatal prohíbe operar sin la concesión o el permiso correspondiente.
Como parte de las acciones de vigilancia, reportó 50 multas a unidades que ofrecen transporte mediante plataformas digitales o redes sociales. Además, informó que entre el 5 de septiembre de 2025 y el 5 de septiembre de 2026 se aplicaron mil 166 sanciones generales y se remitieron 324 unidades a depósitos vehiculares por distintos motivos.
La funcionaria agregó que se realizaron operativos en municipios como Huejutla, Tizayuca, Tulancingo y Mineral de la Reforma, donde, según su reporte, se logró inhibir la operación de dos plataformas.
Arrendamiento del Tuzobús y carril confinado, bajo revisión
El esquema de arrendamiento de autobuses para el Tuzobús también generó cuestionamientos. El diputado Avelino Tovar señaló que la renta de 80 autobuses y 60 vagonetas podría representar un costo superior a los 720 millones de pesos, con pagos cercanos a los 30 millones mensuales.
Por su parte, el diputado priista Marco Antonio Mendoza Bustamante cuestionó el procedimiento de licitación para arrendar las unidades, particularmente los criterios técnicos utilizados y el rechazo de una propuesta que, de acuerdo con su planteamiento, habría sido aproximadamente 230 millones de pesos más económica.
Robles Gutiérrez explicó que la decisión de arrendar las unidades consideró servicios incluidos como mantenimiento integral, seguro de cobertura amplia, reparación de carrocería y pintura, reemplazo de neumáticos y trámites de control vehicular.
Respecto al procedimiento de contratación, aclaró que estuvo a cargo de la Oficialía Mayor, mientras que el Sistema Integrado de Transporte Masivo estableció las especificaciones técnicas requeridas.
En cuanto al carril confinado del Tuzobús, la funcionaria defendió su permanencia al considerar que permite garantizar la operación del transporte masivo, la frecuencia del servicio y la seguridad vial. Descartó, por el momento, que los automóviles particulares puedan utilizarlo, incluso cuando transporten a varias personas.
Asimismo, anunció que se instalarán tres cámaras con inteligencia artificial en puentes del bulevar Felipe Ángeles para analizar el flujo vehicular y evaluar posibles medidas que ayuden a reducir la congestión, especialmente en las horas de mayor circulación.
Reconocen rezagos en rutas rurales y transporte incluyente
La cobertura del transporte en comunidades rurales e indígenas también fue motivo de preocupación entre los legisladores, quienes señalaron que algunas localidades continúan dependiendo de vehículos que no cuentan con las condiciones adecuadas para trasladar pasajeros.
La secretaria informó que, de las mil 177 comunidades indígenas analizadas, 713 cuentan con acceso al transporte público a menos de 500 metros. De acuerdo con los datos presentados, esto representa una cobertura del 77.66 por ciento de la población indígena considerada, equivalente a 568 mil 803 habitantes.
Sin embargo, reconoció que regiones como la Huasteca enfrentan dificultades por su geografía, los caminos sin pavimentar y la insuficiencia de corridas del transporte formal, circunstancias que favorecen el uso de unidades irregulares.
Para atender esta problemática, señaló que el Censo Estatal del Transporte permitirá identificar las necesidades de cobertura, las condiciones de las unidades y las comunidades que requieren nuevas rutas o ajustes en las existentes.
En materia de inclusión, informó que se incorporaron ocho unidades adaptadas para personas con discapacidad o movilidad reducida al Sistema Integrado de Transporte Masivo, con una inversión de 19 millones 841 mil 311 pesos. No obstante, reconoció que este servicio no tiene cobertura en los 84 municipios, por lo que consideró necesario fortalecer la accesibilidad también en el transporte convencional.
Persisten pendientes en planeación y coordinación vial
Durante la comparecencia, distintos legisladores cuestionaron que los Planes Integrales de Movilidad Urbana Sustentable todavía no se traduzcan en mejoras visibles para la ciudadanía.
La secretaria explicó que estos instrumentos contienen diagnósticos y propuestas de corto, mediano y largo plazo, pero requieren expedientes ejecutivos, presupuestos y coordinación entre los municipios y el gobierno estatal para concretar las obras.
También reconoció dificultades para coordinar los cierres viales y las obras públicas con las autoridades responsables, por lo que planteó reforzar la comunicación interinstitucional para establecer rutas alternas y reducir las afectaciones al transporte.
Sobre la congestión vehicular en la zona metropolitana de Pachuca, atribuyó parte del problema al incremento del uso del automóvil particular y a la falta de infraestructura suficiente para la movilidad peatonal y ciclista.
La funcionaria aseguró que la dependencia continuará con las labores de supervisión, la digitalización de expedientes y el diagnóstico de las necesidades del transporte convencional.
La comparecencia evidenció avances reportados en la renovación de unidades y los operativos de vigilancia, pero también dejó sobre la mesa exigencias legislativas relacionadas con la calidad del servicio, la regulación del transporte, la accesibilidad y la necesidad de convertir los estudios de movilidad en soluciones concretas para las personas usuarias de Hidalgo.
Acerca del autor
