En la sesión ordinaria 200, el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del
grupo legislativo del PRI, presentó la iniciativa que modifica el Código Penal para
el Estado de Hidalgo, la cual busca que cuando la naturaleza del delito lo permita,
la autoridad judicial privilegiará que el trabajo a favor de la comunidad se ejecute a
través de actividades, programas, capacitaciones o talleres orientados
directamente a la prevención, concientización o disminución del delito cometido,
así como a la reparación del tejido social afectado.
Durante la exposición de motivos, el legislador explicó que la propuesta busca
que, cuando la naturaleza del delito lo permita, la autoridad judicial privilegie que el
trabajo comunitario se realice mediante actividades, programas, capacitaciones o
talleres directamente relacionados con la conducta infractora, orientados a
prevenir su reincidencia, fomentar la reflexión y contribuir a la reparación del tejido
social.
La iniciativa precisa que el uso del término «privilegiará» brinda flexibilidad a las y
los jueces para que, en aquellos municipios donde no existan programas
especializados, puedan recurrir al servicio comunitario tradicional, garantizando la
aplicación de la sanción sin limitar su facultad de decisión.
Asimismo, contempla que la autoridad penitenciaria o la instancia encargada de la
supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso
coordine esfuerzos con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la
sociedad civil para desarrollar programas especializados que fortalezcan el
cumplimiento de estas medidas.
Entre las acciones que podrán implementarse se encuentran: programas de
educación integral y seguridad vial, prevención y erradicación de la violencia de
género, cultura de la legalidad, salud pública, prevención de adicciones, protección
al medio ambiente y cualquier otra materia vinculada con la conducta que originó
la sanción, garantizando un impacto pedagógico, restaurativo y de reinserción
para las personas sentenciadas.En su mensaje, el diputado destacó que esta reforma representa un cambio
estructural en el modelo punitivo del estado, al transitar de un esquema centrado
únicamente en el castigo hacia uno que privilegie la educación, concientización y
reinserción social.
Señaló que, en la actualidad, el servicio comunitario suele consistir en actividades
genéricas que, si bien representan una forma de reparación, no necesariamente
generan un aprendizaje relacionado con la conducta cometida. Como ejemplo,
mencionó que una persona sancionada por una infracción vial puede realizar
labores de limpieza sin adquirir conocimientos sobre seguridad vial, o que tareas
de mantenimiento urbano difícilmente contribuyen a prevenir conductas de
violencia de género.
Por ello, la propuesta incorpora los principios de especialización e idoneidad, con
el objetivo de que las sanciones respondan a una lógica educativa y restaurativa,
permitiendo que las personas infractoras desarrollen conocimientos y habilidades
que favorezcan un cambio de conducta y reduzcan el riesgo de reincidencia.
La iniciativa se sustenta en tres ejes fundamentales: la prevención especial para
atender las causas que originan la conducta delictiva; la justicia restaurativa,
orientada a reparar de manera integral el daño ocasionado al tejido social; y la
aplicación de sanciones con un componente educativo y de concientización.
Además, especificó que la implementación de esta reforma no generará un
impacto presupuestal adicional para el estado, ya que su operación podrá
realizarse mediante convenios con instituciones públicas, privadas y
organizaciones de la sociedad civil, aprovechando la infraestructura y los
programas ya existentes.
Finalmente, hizo un llamado a construir una política criminal más humana,
eficiente e inteligente, que privilegie la transformación de las personas mediante
acciones que favorezcan su reinserción social y contribuyan a fortalecer la
convivencia y el bienestar de la sociedad hidalguens
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