Por Leonardo Soto Montaño
En medio de un paro nacional que paraliza decenas de vías federales y estatales, la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció este lunes la apertura de carpetas de investigación contra organizadores de las protestas, acusados de cometer delitos como obstrucción de vías de comunicación y daños a infraestructura pública. El conflicto, que involucra a transportistas y productores agrícolas, escaló tras el desaire de los manifestantes a una mesa de diálogo convocada por el gobierno, aunque una nueva cita se programó para las 11:00 horas de hoy en las oficinas de Bucareli.
Los bloqueos, reportados en al menos 29 puntos del país incluyendo Guanajuato, Estado de México, Querétaro y Chihuahua, han afectado el tránsito en casetas de peaje, aduanas y cruces fronterizos como Ciudad Juárez. Según datos preliminares de la Segob, participaron entre mil y mil 500 personas, principalmente de la Asociación Nacional de Transportistas de Carga (Antac) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCRM). Estos cierres totales en 17 tramos han generado pérdidas estimadas en miles de millones de pesos para el sector logístico y agropecuario, exacerbando la cadena de suministro en un momento crítico para la exportación de productos agrícolas.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue enfática al calificar las acciones como «motivadas políticamente», vinculando a varios líderes con partidos de oposición como el PRI, PAN y PRD. «Muchos de estos líderes tienen carpetas abiertas desde hace años por obstrucción de vías principales e incluso han estado detenidos. No nacimos ayer», declaró Rodríguez durante una conferencia matutina, al recordar que el Código Penal Federal tipifica estos actos como «ataques directos» a la infraestructura nacional, con penas que van de uno a nueve años de prisión según el artículo 165 y siguientes.
El detonante del paro radica en demandas acumuladas por inseguridad en las carreteras, donde los transportistas reportan desapariciones de operadores, asaltos armados y extorsiones sistemáticas. David Ortiz, vicepresidente de la Antac, rechazó las acusaciones y negó haber recibido una convocatoria formal al diálogo de ayer. «No hemos tenido atención real. Solo llamadas de amenaza de la Segob, advirtiendo repercusiones si no desistimos. Exigimos retenes de la Guardia Nacional y paraderos seguros», afirmó Ortiz en entrevista con medios locales. Sus palabras contrastan con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien defendió el historial de más de 200 mesas de trabajo en las últimas semanas y aclaró que la controvertida Ley de Aguas —objeto de críticas por supuestamente perjudicar al campo— aún se discute en el Congreso sin haber sido aprobada.
Este impasse no es aislado en el contexto nacional. En los últimos meses, México ha visto un repunte de movilizaciones sectoriales, desde paros estudiantiles en instituciones como la UNAM y el Tecnológico de Monterrey hasta protestas en universidades estatales por demandas de seguridad y transparencia. En octubre, por ejemplo, estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM levantaron un paro tras negociaciones fallidas, dejando daños materiales valorados en cientos de miles de pesos. Analistas consultados, como el experto en políticas públicas del Colegio de México, Javier Urbina, señalan que estos conflictos reflejan una «fatiga dialogante» postelectoral, donde la transición gubernamental ha ralentizado respuestas a reclamos crónicos como la violencia en el transporte, que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dejó más de 1,200 reportes de robo a carga en el tercer trimestre de 2025.
Mientras tanto, la nueva convocatoria a diálogo incluye a representantes de la Secretaría de Agricultura y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el fin de abordar un pliego petitorio que abarca desde subsidios para productores hasta protocolos contra el crimen organizado en rutas federales. Sheinbaum, en su mensaje del día, instó a manifestaciones pacíficas, recordando el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y enfatizó: «El diálogo es la vía, no los bloqueos que lastiman a la población».
Hasta el cierre de esta edición, no se reportaban avances en la reunión de Bucareli, pero el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, confirmó que solo Antac y FNRCRM son reconocidos como convocantes legítimos, descartando infiltraciones de otros grupos. El gobierno federal mantiene la Guardia Nacional en alerta para garantizar la fluidez vial, aunque sin intervenciones directas por el momento. Expertos advierten que, sin acuerdos concretos, el paro podría extenderse, impactando la economía nacional en un estimado de 2 mil millones de pesos diarios solo en el sector agro. La pelota está ahora en la cancha de los dialogantes.
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