
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que es presupuestalmente inviable cumplir con la demanda de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de un aumento salarial del 100%, y advirtió que aunque lo acusen de traidor o se intente “golpetear” al gobierno, el movimiento encabezado por Morena continuará en el poder “al menos por 40 años”.
“Estamos siendo muy claros: el presupuesto no da. No es falta de cariño. Nadie está obligado a lo imposible. Y si con eso golpetean, pues síganle, porque esa va a ser la función de la derecha y de los medios, de aquí a 40 años, porque no vamos a salir del gobierno. La mayoría del pueblo nos respalda”, sostuvo en conferencia de prensa.
Fernández Noroña criticó que tanto la CNTE como los medios no hayan exigido antes la abrogación de la reforma a las pensiones de 2007, y cuestionó que el magisterio disidente se niegue a continuar el diálogo con la Secretaría de Gobernación.
“Que me acusen de lo que quieran, estamos siendo muy claros. Son simpáticos: nunca le exigieron al PRI o al PAN revertir ese régimen de pensiones. Ahora resulta que la culpa es nuestra”, señaló.
También reprochó que integrantes de la CNTE amenacen con boicotear las elecciones judiciales programadas para el próximo domingo, especialmente en el estado de Guerrero. En ese sentido, consideró que dichas acciones no abonan al diálogo ni fortalecen las causas legítimas del magisterio.
En otro tema, el senador minimizó los señalamientos hacia el Instituto Nacional Electoral (INE) por haber identificado a militantes de Morena entre quienes solicitaron acreditación como observadores electorales. Aunque reconoció que los partidos no deben intervenir en esa figura, desestimó que se trate de una práctica indebida.
“No hay dirigentes entre esos nombres. Una persona afiliada al movimiento que quiera ser observador no está violando ninguna regla. No va a contar votos, no puede acercarse a la casilla. No comparto la crítica ni la palabra trampa”, afirmó.
Las declaraciones del legislador se producen en un contexto de creciente tensión entre el gobierno federal y sectores sindicales del magisterio, en vísperas de una jornada electoral clave para el futuro del Poder Judicial en el país.