La presidenta Claudia Sheinbaum reunió de urgencia a su Gabinete de Seguridad este domingo para diseccionar la explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, un atentado que dejó seis muertos y 12 heridos, y que ha encendido las alarmas en el corazón de la disputa por el control territorial en la región.
Leonardo Soto Montaño
Con el Plan Michoacán en pleno despliegue, el gobierno federal prioriza la identificación y captura de los autores intelectuales detrás de este acto de guerra abierta, atribuido a facciones del crimen organizado que buscan desestabilizar a las autodefensas locales y forzar reacomodos en el tráfico de limón, aguacate y fentanilo.
El estallido, ocurrido el sábado 7 de diciembre alrededor de las 11:40 horas frente a la comandancia de la policía comunitaria en Coahuayana un municipio fronterizo con Colima de apenas 20 mil habitantes, transformó una calle tranquila en un escenario de devastación. La camioneta Nissan blanca, cargada con explosivos caseros estimados en 50 kilos de dinamita y gasolina, ingresó desde territorio colimense y detonó al impactar una barricada, generando una bola de fuego que arrasó con 12 vehículos, fachadas de comercios y estructuras aledañas. El saldo preliminar, revisado por peritos de la Fiscalía General de la República (FGR), asciende a seis fallecidos incluyendo posiblemente al conductor suicida y 12 lesionados, siete de ellos policías comunitarios evacuados a hospitales en Apatzingán y Morelia con quemaduras graves y fracturas. «Es un ataque directo contra la resistencia civil; no pararemos hasta desmantelar la cadena de mando», declaró el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en un boletín vespertino, coordinando con la nueva fiscal Ernestina Godoy Ramos.
En Palacio Nacional, Sheinbaum presidió una sesión de dos horas con Harfuch, el titular de la SSPC, Luis C. Ugalde, y representantes de la Sedena y Semar, enfocada en inteligencia de campo. Fuentes del Ejecutivo revelan que el análisis preliminar apunta a células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como posibles autores materiales, en represalia por operativos recientes que capturaron a operadores de Los Viagras grupo rival que domina el «derecho de piso» en plantaciones de limón, un negocio que genera 800 millones de pesos anuales en la zona, según la Secretaría de Agricultura. El CJNG, que controla el 40% del fentanilo exportado a EE.UU. per informes de la DEA, ha escalado tácticas en Michoacán desde noviembre, con al menos tres atentados similares en Apatzingán y Tepalcatepec. «No hay impunidad para quienes usan el terror como arma; el Plan Michoacán se fortalece con 12 mil elementos adicionales», enfatizó Sheinbaum en su conferencia matutina de hoy, aludiendo a un presupuesto extra de 500 millones de pesos para drones de vigilancia y retenes en la frontera colimense.
Coahuayana, cuna de las autodefensas desde 2013 cuando rancheros armados expulsaron a Los Caballeros Templarios, se ha convertido en un polvorín por su posición estratégica: un corredor para el huachicol de ductos de Pemex y rutas de migrantes centroamericanos. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien visitó la escena ayer, confirmó la llegada de 200 marinos para patrullajes y cateos, pero criticó la «infiltración política» en grupos locales, recordando detenciones en 2024 de exfuncionarios colimenses por nexos con el narco. La FGR, bajo Godoy quien asumió hace una semana en una terna histórica de mujeres, abrió una carpeta por terrorismo y delincuencia organizada, con 30 peritos analizando residuos explosivos y geolocalizando el origen del vehículo vía GPS hackeado. Análisis balísticos preliminares sugieren explosivos de mina artesanal, comunes en arsenales del CJNG, según expertos de la UNAM.
Este atentado no es aislado: Michoacán acumula 1.900 homicidios en 2025, un 10% más que en 2024, con el 60% ligado a disputas por el agro y drogas sintéticas, per el Secretariado Ejecutivo. Analistas como el criminólogo Edgardo Buscaglia, de la Universidad de Columbia, lo catalogan como «guerra híbrida»: «Los cárteles usan bombas para ahorrar balas y maximizar el pánico, forzando a comunidades a pactar o huir». En Coahuayana, donde el 70% de la economía depende de la citricultura, productores reportan extorsiones duplicadas desde octubre, con cuotas de 10 mil pesos por hectárea. Organizaciones como el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública exigen mesas de diálogo con autodefensas, similar a las de Guerrero en 2023, que redujeron violencia en un 25%.
Hasta el cierre de esta edición, no hay detenciones confirmadas, pero inteligencia federal rastrea a tres «células fantasma» en Colima vía escuchas telefónicas. Sheinbaum, en un mensaje a damnificados, prometió indemnizaciones rápidas vía el Fondo de Estabilización y un «blindaje total» a la región. En la Tierra Caliente, donde la tierra tiembla no solo por sismos sino por venganzas, este coche bomba es un ultimátum: el Estado responde con fuerza, pero la paz exige más que operativos. Coahuayana, herida, espera justicia antes de que el fuego se propague.
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