Leo Soto
Con el respaldo unánime de los 110 senadores presentes, el pleno de la Cámara Alta aprobó la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una normativa que endurece penas hasta 42 años de prisión y, por primera vez, otorga anonimato total a víctimas, testigos y ofendidos para incentivar denuncias sin temor a represalias. Sin embargo, el dictamen fue devuelto a la Cámara de Diputados para su revisión, tras la incorporación de dos reservas impulsadas por Morena que amplían el alcance a sistemas electrónicos y aplican perspectiva de género en los juicios. «Esta ley no solo castiga a los extorsionadores, sino que empodera a las víctimas al blindar su identidad, rompiendo el ciclo del silencio impuesto por el miedo», destacó la senadora Margarita Valdez, de Morena, durante el debate, al enfatizar que la extorsión ha evolucionado hacia modalidades digitales y penitenciarias que generan miles de millones de pesos ilícitos anuales.
La aprobación, ocurrida en una sesión extraordinaria, representa un avance en la agenda de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha priorizado combatir delitos patrimoniales que afectan al 40% de las familias mexicanas, según estimaciones del INEGI. La devolución de la minuta –originada en Diputados el pasado mes– se debe a ajustes clave: una reserva que extiende sanciones a todos los dispositivos electrónicos o electromecánicos usados en extorsiones, y otra que obliga a juzgar estos casos con enfoque de género, reconociendo la vulnerabilidad adicional de mujeres y colectivos marginados. El proceso legislativo podría extenderse hasta diciembre, alineándose con la discusión de la Ley de Ingresos 2026, que destina 15% más recursos a fiscalías especializadas.
Esto incluye la prohibición de divulgar nombres, apellidos, domicilios, lugares de trabajo, profesiones o cualquier información que pueda identificarlos, evitando publicaciones en medios o registros públicos. Para garantizarlo, se prevén métodos como la distorsión de voz y rostro en testimonios, participación remota vía videoconferencias seguras, y notificaciones exclusivas a través de asesores jurídicos o el Ministerio Público. Estas medidas se alinean con el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, extendiendo protecciones similares a las de testigos en casos de trata o feminicidio.
La ley eleva la sanción base por extorsión a entre 15 y 25 años de prisión, con multas de hasta 5,000 días de salario mínimo, y agravantes que la disparan hasta 42 años en casos reincidentes o con violencia organizada. Se tipifican específicamente los montachoques provocadores de accidentes fingidos en autopistas para exigir pagos inmediatos, con penas que incluyen decomiso de vehículos usados. Los servidores públicos cómplices policías, fiscales o jueces que omitan denunciar extorsiones conocidas–enfrentan hasta 20 años de cárcel e inhabilitación perpetua, cerrando brechas de corrupción que facilitan el 25% de estos delitos, per datos de la FGR.
Un foco clave son las extorsiones desde prisiones, donde reclusos usan celulares ilegales para «cobrar piso» a sus familias o negocios. La normativa ordena el bloqueo inmediato de IMSI (identificadores de SIM) e IMEI (códigos de dispositivos) en llamadas sospechosas, con control judicial, y un plazo de 180 días para anular equipos de telefonía en penales. Introducir gadgets en reclusorios acarreará hasta 12 años de prisión, y autoridades penitenciarias que lo permitan, hasta 30 años. No habrá beneficios como libertad condicional o sustitución de penas para condenados por extorsión, rompiendo con la impunidad que permite a capos como los del CJNG operar desde celdas de lujo.
Con la minuta de regreso a Diputados, el debate se reavivará en San Lázaro, donde se prevén enmiendas para integrar tecnología de rastreo satelital en vehículos de montachoques. En un México donde el 35% de emprendedores reporta amenazas extorsivas per México Evalúa, esta ley no solo impone cárcel, sino esperanza: el anonimato podría transformar víctimas pasivas en denunciantes activos, desmantelando redes que prosperan en la sombra del miedo.
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