Un juez de control vinculó a proceso al presidente municipal de Epazoyucan, Carlos “N”, tras determinar que incurrió en una omisión legal al negarse a tomar protesta a una regidora suplente, pese a que su inasistencia inicial estaba debidamente justificada.
La resolución judicial considera que el edil tenía pleno conocimiento del procedimiento que debía seguir, pero decidió omitirlo, lo cual fue interpretado como un acto con posibles implicaciones legales. A partir de este fallo, se abre la etapa de investigación complementaria, la cual tendrá una duración de tres meses.
El caso ha generado atención por parte de instancias jurídicas y organismos electorales, al representar una posible violación a la normatividad municipal y a los marcos de derechos político-electorales. Especialistas señalan que más allá de una posible conducta discriminatoria, el hecho pone en cuestión la capacidad de los ayuntamientos para garantizar la operatividad de sus órganos de gobierno bajo los principios de legalidad y debido proceso.
El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo y el Instituto Estatal Electoral podrían pronunciarse en los próximos días, en tanto organizaciones de la sociedad civil han pedido que se garantice que este tipo de omisiones no afecten el equilibrio representativo en los cabildos.
Este proceso judicial se suma a otros casos en el país donde las autoridades municipales han sido señaladas por obstaculizar el ejercicio del cargo de mujeres suplentes o propietarias, especialmente en contextos relacionados con licencias, cuidados maternos o permisos médicos.
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