Por redacción
Ante las recientes declaraciones de trabajadores sindicalizados del municipio de Pachuca, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, rechazó categóricamente que exista una persecución política en contra de Percy N.N., secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP), quien fue detenido recientemente tras una denuncia de una persona del género femenino.
En chacaleo con medios de comunicación, el mandatario estatal sostuvo que la detención responde exclusivamente a un proceso legal derivado de una denuncia presentada por una ciudadana, sin intervención del Ejecutivo estatal. “De mi parte no hay persecución. No sé quién lo persigue. A Percy lo persigue la justicia por una denuncia, no por motivos políticos”, aseveró.
Julio Menchaca subrayó que, como gobernador y abogado, parte del principio de presunción de inocencia. En ese sentido, indicó que serán las autoridades correspondientes quienes determinen la resolución del caso. “La información que tengo es que se trata de una situación de carácter personal. Están las instancias legales para esclarecer los hechos”, puntualizó.
Sobre las versiones que sugieren represalias tras la negativa de toma de nota al líder sindical, el jefe del Ejecutivo estatal aseguró no tener ningún interés particular en el tema. “Yo conozco a Percy desde hace muchos años, incluso conocí a su papá. No tengo ningún interés personal ni institucional al respecto”, afirmó.
Durante la misma entrevista, Menchaca también destacó los avances en materia laboral dentro del gobierno estatal, como el aseguramiento de que ningún trabajador del Poder Ejecutivo perciba un salario inferior al mínimo. Asimismo, hizo un llamado a las y los sindicalizados a cumplir con sus responsabilidades en el horario correspondiente, recalcando que la afiliación sindical no exime del cumplimiento laboral.
Finalmente, reiteró su disposición al diálogo institucional con los sindicatos y reafirmó su compromiso con el respeto a la dignidad laboral, al tiempo que deslindó al gobierno estatal de cualquier acción legal que no se enmarque dentro del sistema judicial.
