En México y con sanciones que van desde 1 hasta 8 años de prisión y multas de hasta 226 mil pesos, la cámara de diputados se prepara para votar una reforma para quienes comercialicen, fabriquen, importen, exporten, vendan o incluso porten vapeadores y cigarrillos electrónicos.
Kaciel Arciniega
La propuesta, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, argumenta que estos dispositivos representan un riesgo sanitario, ya que contienen sustancias dañinas como metales pesados, y que además su uso ha aumentado, especialmente entre adolescentes, pese a estar prohibidos desde 2022.
El documento advierte que la regulación actual no frenó el mercado ilegal y que solo una prohibición absoluta podría detener su expansión. Morena y el Partido Verde respaldan la medida, asegurando que la prioridad es la salud pública.
La oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— critica la iniciativa por considerarla punitiva y criminalizadora, alertando que podría fortalecer aún más el mercado negro. Incluso algunos legisladores del PT han expresado dudas sobre castigar penalmente a consumidores.
El dictamen también incluye otros puntos, como fortalecer la compra consolidada de medicamentos, mejorar la adquisición de equipo médico y endurecer controles contra el tráfico de precursores químicos usados para producir fentanilo. La oposición acusa que se “empaquetan” temas sin relación para acelerar su aprobación.
Si se avala en comisiones este martes, la reforma pasará al Senado. Mientras tanto, colectivos a favor del vapeo insisten en que prohibirlo solo empeora la crisis del tabaquismo y piden estrategias de reducción de daños.
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