La jueza Beatriz Nieto ha generado fuertes cuestionamientos al contradecir sus propias órdenes y validar un traslado ilegal del menor fuera del estado de Hidalgo.
Pedro Pineda
El Juzgado Familiar de Pachuca volvió a encender las alertas entre especialistas y ciudadanos luego de que la jueza, Beatriz Nieto se declarara incompetente por razón de jurisdicción y ordenara, mediante la secretaria de acuerdos Jobana Jocelin Santillán, remitir el caso al estado de Jalisco, aun cuando dicha resolución había sido impugnada y debía quedar suspendida hasta que la instancia superior resolviera la apelación.
Lo que más ha sorprendido a quienes siguen este proceso es que un mes antes de declararse incompetente, la propia jueza Nieto había determinado que el menor involucrado no podía ser trasladado fuera del estado de Hidalgo, medida dictada para evitar una posible sustracción indebida. A pesar de ello, la madre del niño lo llevó a Jalisco sin autorización, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación por presunta privación ilegal de la libertad. En ese momento también se encontraba vigente un régimen de convivencias aprobado por el Consejo de Familia que establecía días y horarios específicos para la convivencia entre el menor y su padre.
Aun con estas disposiciones, y pese a que existía una investigación penal en desarrollo, la jueza declaró la incompetencia basándose en el nuevo domicilio del menor, un domicilio que fue obtenido precisamente mediante el incumplimiento de la orden que ella misma había dictado.
La parte afectada interpuso una apelación argumentando que la sustracción fue ilegal, que no se puede modificar la jurisdicción con base en un acto irregular y que el expediente no debía remitirse hasta que el tribunal superior resolviera. Sin embargo, el juzgado envió el expediente a Jalisco aun con dicha apelación pendiente, acción que especialistas consideran una posible violación procesal porque deja sin materia la revisión de la instancia superior.
Este actuar generó un intenso debate entre abogados y observadores del sistema judicial. Algunos consideran que se trata de un manejo irregular e incongruente del caso, mientras que otros apuntan a la posible existencia de corrupción debido a que no es común que una jueza contradiga su propia orden y, además, facilite las consecuencias de su incumplimiento. También se señalan fallas estructurales en los juzgados familiares de Hidalgo, que habían sido denunciadas previamente por organizaciones civiles.
El promovente sostiene que esta cadena de decisiones ha dejado al menor en un estado de vulneración jurídica, pues la prohibición de sustracción fue ignorada, el régimen de convivencias no fue respetado, la investigación penal no fue considerada y el expediente fue enviado sin esperar la resolución de la apelación, lo que podría significar un quebranto a las garantías de un debido proceso.
El caso permanece en un punto incierto. El tribunal de Jalisco deberá decidir si acepta la competencia, mientras que la alzada en Hidalgo aún debe resolver la apelación pese a que el expediente ya fue remitido, situación que coloca al procedimiento en un terreno ambiguo y cuestionado por especialistas en derecho familiar.
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