Un operativo realizado este día por la Policía Municipal de San Agustín Tlaxiaca culminó con el desalojo forzado de comerciantes informales que ofrecían alimentos y otros productos en las inmediaciones del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSA) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), frente a la histórica Hacienda de La Concepción.
La acción, ordenada por el alcalde Mario David Medina Hernández bajo el argumento de “recuperar el orden urbano”, generó inconformidad entre vendedores y miembros de la comunidad universitaria, quienes acusaron un uso excesivo de la fuerza pública, así como una falta de sensibilidad social ante la precariedad laboral que enfrentan decenas de familias.
De acuerdo con los comerciantes afectados, algunos con más de una década trabajando en la zona, no fueron notificados con antelación ni se les ofreció una reubicación digna. “No somos delincuentes, solo queremos trabajar”, denunció una de las vendedoras, mientras recogía sus utensilios bajo la mirada de los elementos de seguridad.
Por su parte, el gobierno municipal emitió un breve comunicado en el que aseguró que el operativo se llevó a cabo “respetando los derechos humanos” y en respuesta a “diversas quejas por obstrucción del paso peatonal, condiciones insalubres y afectaciones al entorno urbano”.
Sin embargo, estudiantes del ICSA expresaron su rechazo a la medida a través de redes sociales, donde destacaron la importancia de estos comerciantes en la economía local y como proveedores de alimentos accesibles para la comunidad académica. “Nos quitan opciones económicas y no ofrecen nada a cambio. Solo autoritarismo”, escribió una usuaria en X (antes Twitter).
La intervención revive cuestionamientos sobre la política del alcalde Medina Hernández respecto al comercio informal, especialmente en un municipio con limitadas opciones laborales y una creciente informalidad económica.
Hasta el cierre de esta edición, el edil no ha emitido una postura pública directa ni ha anunciado planes de diálogo o apoyo para los comerciantes retirados, lo que ha intensificado el debate ciudadano en torno al uso del poder público para imponer medidas que afectan directamente a los sectores más vulnerables.
Mientras tanto, la tensión persiste en la zona del ICSA, donde tanto estudiantes como comerciantes exigen soluciones reales en lugar de operativos que, señalan, solo profundizan la desigualdad.
