El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, negó categóricamente haber ordenado al funcionario estatal detenido en Durango realizar actividades de proselitismo a favor del partido Morena, luego de que este fuera sorprendido en dicha entidad utilizando un vehículo oficial.
“De mi parte no, si la investigación revela que seguía órdenes de alguien, esa persona deberá asumir las consecuencias. Sería verdaderamente torpe de mi parte mandar a alguien en un vehículo oficial a Durango; denme tantito crédito”, declaró Menchaca durante un encuentro con la prensa.
El funcionario en cuestión, Arturo Gabriel “N”, adscrito al área de averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), fue detenido en territorio duranguense, presuntamente por incurrir en actos de activismo político en horarios laborales y con recursos públicos.
Francisco Fernández Hasbun, encargado del despacho de la PGJH, confirmó la detención del exservidor público y anunció que ya se abrió una carpeta de investigación en su contra por el delito de peculado. Además, Arturo Gabriel “N” fue separado de su cargo y se notificó del caso a la Secretaría de la Contraloría estatal.
“No sabemos con certeza qué hacía en Durango; lo que sí es que está detenido y, hasta el momento, es la única persona detectada en esta situación”, puntualizó Fernández Hasbun.
Julio Menchaca consideró que la actuación del exfuncionario es “desafortunada” y garantizó que recibirá una sanción ejemplar tanto en Hidalgo como en Durango, si así lo determinan las autoridades correspondientes.
Cabe destacar que el propio gobernador viajó la semana pasada a Durango para respaldar al candidato morenista José Ramón Enríquez, aspirante a la presidencia municipal de la capital del estado, aunque aclaró que lo hizo en calidad personal y sin utilizar recursos públicos. Su participación generó críticas por parte del coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, quien cuestionó la legalidad y ética del respaldo abierto por parte de mandatarios en funciones.
El caso ha desatado un nuevo foco de tensión en plena recta final del proceso electoral.
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