La historia de Lucero Rubí Ojeda Huerta, se une a la de tantas mujeres victimas de sus exparejas. Ella había denunciado a Pedro Martínez Castro por el delito de privación de la libertad, sin embargo, un juez calificador lo liberó por mil 500 pesos. Esto ocurrió un día antes que la mujer fuera asesinada.
El hecho ocurrió el 24 de septiembre de 2020, cuando Rubí acudió a su trabajo en el Centro de Salud de la delegación Vicente Guerrero, en Ensenada, donde trabajaba como promotora social, ahí ya la estaba esperando su agresor, quien era su expareja sentimental, quien con un arma de fuego le disparó hasta matarla, posterior al crimen, Pedro se suicidó.
A pesar de que dos días antes del feminicidio, habían ocurrido algunos episodios de violencia ante los cuales las autoridades fueron omisas. Ante esto, la Sindicatura Municipal inició un proceso administrativo en contra de cuatro agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) asignados a la delegación San Quintín
El proceso trajo como consecuencia la suspensión de estos agentes, tres hombres y una mujer, misma que estará vigente mientras transcurre la investigación. Así lo indicó Edgar Salgado, vocero de la corporación a Zeta.
Además, la investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California, citada por Zeta, señala que no hay registro de las actas de los reportes realizados por Rubí previo a su asesinato
Por otro lado, los familiares de Lucero Rubí Ojeda Huerta acusan que las autoridades no han hecho la debida reparación del daño por el feminicidio. Han tenido diversas audiencias con las autoridades en los últimos cinco meses, con el fin de exigir la reparación del daño y proteger la salud y educación del hijo de Rubí, quien quedó huérfano.
La familia señala que la Secretaría de Salud se comprometió a pagar los gastos funerarios y la indemnización, sin embargo, hasta el momento no lo han cumplido.
Fuente: Plumas Atómicas
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