- Vecinos exigen justicia
Un indignante caso de maltrato animal ha generado conmoción en el municipio de Cuilápam de Guerrero, Oaxaca, luego de que un ciudadano extranjero fuera señalado como el presunto responsable de atacar con una bomba de ácido a varios perros al interior de una vivienda. Los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del pasado 18 de mayo y fueron captados por cámaras de videovigilancia.
De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, el sujeto —identificado como Jeremie B., presuntamente de nacionalidad francesa— se acercó al domicilio alrededor de las 4:00 de la mañana y arrojó el artefacto químico antes de huir del lugar. Las consecuencias del ataque fueron devastadoras: varios perros resultaron con severas quemaduras, especialmente en el rostro, como lo evidencian las crudas fotografías compartidas por los afectados.
Aunque hasta el momento no se ha esclarecido el motivo del ataque, algunos vecinos han señalado que el extranjero podría padecer problemas psicológicos. La comunidad ha expresado su indignación en redes sociales y exige la intervención de las autoridades estatales para que el caso no quede impune.
El Código Penal del Estado de Oaxaca establece penas de entre tres meses y dos años de prisión para quienes cometan actos de crueldad contra los animales, además de multas que oscilan entre los 11 mil 314 y los 113 mil 140 pesos, dependiendo de la gravedad de los hechos.
Cabe señalar que Oaxaca cuenta con un juzgado especializado para atender denuncias por maltrato animal, y la Fiscalía General del Estado ha habilitado un canal para que las víctimas puedan presentar su denuncia, incluso de forma anónima, a través de su sitio web oficial.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido una postura oficial sobre el caso ni se ha informado si ya existe una investigación formal en curso. Organizaciones defensoras de los derechos animales han comenzado a difundir el caso para ejercer presión social y legal, mientras vecinos de la zona se organizan para pedir la salida del extranjero del municipio.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de reforzar las políticas de protección animal en el estado y garantizar que los agresores enfrenten las consecuencias legales por sus actos.
