Un profesor del Colegio de Bachilleres de la comunidad de Santa Teresa fue encerrado en la cárcel comunitaria de Mecatlán, localidad del municipio de Yahualica, Hidalgo, luego de criticar públicamente las manifestaciones de pobladores que exigen más de 4 millones de pesos para financiar la fiesta patronal de Corpus Christi, en la cual buscan contratar grupos musicales de narcocorridos.
Los hechos ocurrieron en el contexto de una creciente tensión entre habitantes y autoridades municipales. La comunidad de Mecatlán ha exigido a la alcaldesa, Francisca Lara Velázquez, una partida de 4 millones 416 mil 600 pesos para la celebración, cifra que el gobierno local ha considerado inviable, proponiendo en su lugar un apoyo de un millón de pesos. La oferta fue rechazada.
Como parte de sus protestas, los pobladores cerraron la carretera Atlapexco-Calnali y vandalizaron una patrulla municipal ante el temor de ser desalojados. Luego de levantar el bloqueo, cavaron una zanja de un metro de profundidad y medio metro de ancho sobre la vía, imposibilitando el paso vehicular.
En medio de esta situación, el profesor de bachillerato expresó su rechazo al uso de recursos públicos para contratar grupos de narcocorridos, señalando que estas agrupaciones “en nada aportan a la cultura del pueblo” y que el dinero debería destinarse a obras esenciales como agua potable o infraestructura educativa.
“Deberíamos luchar por exigir un pozo de agua potable. Deberíamos luchar para que haya educación de calidad, para que haya gente consciente de la importancia de combatir el capitalismo hoy día”, dijo el docente, quien posteriormente fue detenido por los propios pobladores y encerrado en la delegación de Mecatlán, bajo el argumento de “ir en contra de los intereses comunitarios”.
Lejos de retractarse, el profesor aseguró sentirse orgulloso de su detención: “Estoy aquí por defender mis principios y porque creo que podemos aspirar a más que una fiesta que reproduce la violencia cultural que tanto daño nos ha hecho”.
Hasta el momento, no ha habido una postura oficial de la presidencia municipal ni de la Secretaría de Educación de Hidalgo respecto al incidente. Tampoco se ha informado si se tomará alguna medida para liberar al profesor o investigar la legalidad del encierro comunitario.
El caso ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y miembros del sector educativo, quienes advierten sobre los riesgos de criminalizar la libre expresión en contextos de alta conflictividad social.
