En un movimiento que marca distancia ante graves acusaciones, la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena decidió suspender provisionalmente los derechos políticos de la diputada local Alhely “N”, señalada por presunta complicidad en un caso de abuso sexual infantil que ha sacudido al municipio de Zimapán, Hidalgo.
La legisladora fue separada de sus funciones dentro del partido guinda, tanto como consejera nacional como estatal, como parte de un procedimiento sancionador de oficio iniciado el pasado 8 de mayo. El expediente CNHJ-HGO-141/2025, elaborado por el órgano interno de Morena, indica que la actuación de la diputada podría no solo constituir una falta grave, sino también afectar la imagen del partido y comprometer su estrategia electoral.
La suspensión ocurre en un contexto delicado: Alhely “N” enfrenta una carpeta de investigación y una orden de aprehensión solicitada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH). Las autoridades la vinculan con su cuñado, el empresario Willy “N”, acusado de violación equiparada en contra de dos menores, presuntamente sus sobrinas.
De forma preventiva, la diputada solicitó licencia a su cargo en el Congreso local, lo que se ha interpretado como una señal de la gravedad del proceso en su contra y una forma de evitar presiones institucionales mientras se desarrolla la investigación.
Por su parte, el dirigente estatal de Morena, Marco Antonio Rico Mercado, afirmó que el partido actuará con responsabilidad ante estos hechos. Aunque aseguró que la imagen de Morena no se ve afectada, enfatizó que no se tolerarán conductas contrarias a los principios de la organización política.
“El partido respetará los tiempos y resoluciones de las autoridades judiciales, pero también tiene la obligación de cuidar su integridad institucional y moral”, señaló Rico Mercado.
El caso ha desatado una fuerte reacción pública, sobre todo por el perfil político de la señalada y la naturaleza del delito. Colectivos feministas y organizaciones de protección a la infancia han exigido un proceso transparente y la garantía de justicia para las víctimas.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso pone bajo escrutinio no solo a una legisladora en funciones, sino también los mecanismos internos de los partidos políticos para depurar sus filas y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.
