Por Leonardo Soto Montaño
Raúl Rocha Cantú, el controvertido empresario veracruzano dueño de la franquicia Miss Universo en México, evitó la cárcel al pactar con la Fiscalía General de la República (FGR) como testigo protegido, delatando una vasta red de robo de hidrocarburos y tráfico de armas que abastecía a cárteles como el del Golfo y el Grupo Sombra. El acuerdo, formalizado el 19 de noviembre, paralizó una orden de aprehensión librada contra él 15 días antes por delitos de delincuencia organizada, en un caso que expone la permeabilidad del crimen en sectores empresariales y de seguridad privada.
Rocha, de 58 años y figura habitual en eventos de belleza internacional adquirió los derechos de Miss Universo en 2022 tras una polémica con la anterior concesionaria, se presentó voluntariamente el 21 de octubre ante la FGR para solicitar el estatus de colaborador. Según documentos judiciales filtrados, su organización operaba desde Guatemala, importando combustible robado sin pagar aranceles ni impuestos, y lo distribuía a través de centros logísticos en Querétaro. Lugares como «La Espuela», en las instalaciones de Ferropolymers, recibían pipas cargadas; «El Patio», en la Quinta La Chingada, lo mezclaba con aditivos como MTBE y nafta para elevar su octanaje; y empresas fantasma como Tabasco Capital y PTIH facturaban irregularmente a distribuidores como AGUI-MAR, FUCHELA y PALMA SIKA. Esta cadena generaba millones de pesos mensuales, desviando recursos de Pemex y afectando el mercado legal de combustibles.
Paralelamente, Rocha facilitaba el tráfico de armas mediante firmas de seguridad privada: SEGURIMEX, SETER, Servicios Especializados de Investigación y Custodia, Servicios Integrales Valbon y Dinámica Seguridad Privada Consultores. Estas compañías, con exmilitares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en sus nóminas, adquirían fusiles y pistolas ilegales, las re-registraban con documentos falsos para simular legalidad y las entregaban a operadores del Cártel del Golfo en Tamaulipas como «El Cape», «El Loco» y «El M» y al Grupo Sombra en Veracruz. «El esquema era sofisticado: armas por combustible, con apoyo de funcionarios que blindaban las operaciones», reveló un informe preliminar de la FGR, que estima en cientos el número de armas circuladas en 2024.
El quiebre llegó con la detención, el 18 de noviembre, de Mari Carmen «N», alias «La Fiscal», una servidora pública presuntamente clave en la red por su rol en validaciones aduaneras y fiscales. Su captura, en un operativo conjunto de la FGR y la Guardia Nacional en Veracruz, aceleró la decisión de Rocha de cooperar, evitando su propia aprehensión. La FGR, a través de su titular Alejandro Gertz Manero, elogió el pacto como «un paso decisivo contra la simbiosis entre crimen y élites», aunque no detalló incentivos exactos para el testigo, protegido ahora en un sitio federal confidencial.
Este escándalo no es el primero para Rocha, quien en 2019 enfrentó acusaciones de lavado por propiedades en Miami y vínculos con políticos locales, aunque fue absuelto por falta de pruebas. Su incursión en el mundo del espectáculo organizador de certámenes que generaron controversia en 2023 por supuesta discriminación en la selección de candidatas contrasta con sus nexos criminales, ilustrando cómo el huachicol, responsable de pérdidas anuales de 100 mil millones de pesos a Pemex según la Comisión Reguladora de Energía, se infiltra en economías legítimas. Expertos como el criminólogo Edgardo Buscaglia, de la Universidad de Columbia, lo catalogan como «huachicol 2.0»: redes transfronterizas que fusionan energía ilícita con armamento, exacerbando la violencia en el Golfo, donde Tamaulipas registró 450 homicidios relacionados con narco en el último semestre, per datos del Secretariado Ejecutivo.
La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina de hoy, respaldó la estrategia de la FGR: «La colaboración de testigos es vital para desarticular estas estructuras; no hay impunidad para quienes financian el terror». Autoridades anticipan más detenciones en Querétaro y Veracruz, con allanamientos programados en las firmas de seguridad implicadas. Mientras Rocha, desde el anonimato, aporta datos sobre «presiones inevitables» de cárteles, el caso reaviva debates sobre la regulación de franquicias internacionales y la vigilancia a exmilitares en el sector privado. En un país donde el 30% del combustible robado cruza fronteras, según Interpol, este testimonio podría ser el catalizador para un golpe mayor contra el ecosistema delictivo. La justicia, por una vez, parece adelantarse al glamour.
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