
El organismo electoral impulsa una reforma que fortalece la paridad, pero genera críticas por supuestamente favorecer a la senadora Ruth González Silva.
Daniela Granados
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) aprobó una iniciativa de reforma constitucional y electoral que recomienda que, en 2027, únicamente mujeres puedan contender por la gubernatura de San Luis Potosí, en el marco de una propuesta más amplia de fortalecimiento a la paridad.
El Pleno del Ceepac avaló un proyecto que será turnado al Congreso del Estado y que busca establecer la alternancia obligatoria en la postulación a la gubernatura según el género registrado en la elección anterior. Dado que actualmente el estado es gobernado por José Ricardo Gallardo Cardona, el órgano electoral plantea que el próximo proceso esté reservado para candidatas mujeres.
La propuesta ha generado polémica, pues detractores señalan que la medida favorecería a la senadora Ruth González Silva, esposa del actual gobernador y principal figura del PVEM–PT para la sucesión. Este señalamiento ha derivado en críticas por lo que se ha denominado la “Ley Ruth”.
Además, el paquete de reformas incluye la integración paritaria en ayuntamientos incluidas las presidencias municipales, la armonización de la Comisión de Género bajo principios de igualdad y no discriminación, y la facultad del Ceepac para rechazar registros que no cumplan con criterios de paridad.
En materia administrativa, el organismo propone ajustar el inicio del proceso electoral al 15 de noviembre del año previo a la elección, remunerar a integrantes de Comisiones Distritales y Comités Municipales, fortalecer los procedimientos de sustitución y revocación en órganos desconcentrados, modernizar el manejo de boletas y sistemas de resultados, e incrementar sus atribuciones en la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial.
También plantea que los partidos políticos destinen obligatoriamente el 5 por ciento de su presupuesto de capacitación a la formación y fortalecimiento de liderazgos de personas con discapacidad y de la diversidad sexual, con el objetivo de ampliar su participación en espacios de decisión.
La propuesta ahora queda en manos del Congreso local, que deberá analizar si avala estos cambios que podrían marcar un precedente en la contienda electoral potosina.
