El congreso de la Ciudad de México aprobó la conocida Ley Ingrid, misma que castiga hasta con seis años de prisión a aquellos funcionarios que publiquen o difundan audios, videos o imágenes de víctimas de violencia o de sus familiares. El objetivo es respetar los derechos de las mujeres al cuidar la memoria de las víctimas que han sido privadas de la vida.
Lo anterior, luego que los legisladores capitalinos reformaran el Código Penal local, que prevé podría imponer de dos a seis años de prisión y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a quien incurra en dichos actos
Al respecto, los diputados capitalinos indicaron en el dictamen que la vida de una persona que ha sido violentada o su forma de muerte, nunca debe ser causa para su revictimización o agravar aún más el daño causado.
Con esta reforma, el presidente de la Comisión de Administración de Justicia, Eduardo Santillán Pérez, indicó que esto permitirá que los funcionarios no filtren imágenes o videos de manera ilegal o se comercialicen.
Fuente: Azteca Noticias
