Pachuca, Hidalgo.— La Fundación Arturo Herrera Cabañas, A.C., con más de tres décadas de trayectoria en la promoción cultural, artística y social en Hidalgo, denunció públicamente un intento de desalojo del inmueble que ocupa en el Centro Histórico de Pachuca, situación que ha generado un posicionamiento encontrado con el Gobierno del Estado.
A través de un comunicado dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al gobernador Julio Menchaca, la asociación civil señaló que la medida vulnera sus derechos, al considerar que no se ha seguido un proceso legal adecuado. Incluso, informaron que han solicitado un amparo al argumentar la posible violación al artículo 14 constitucional, que establece la obligación de un juicio previo antes de cualquier desalojo.
La fundación destacó que durante 32 años ha impulsado actividades culturales, educativas y sociales, incluyendo exposiciones, talleres, seminarios, presentaciones de libros y conciertos. Además, resguarda un acervo de aproximadamente 40 mil libros, así como archivos históricos, obras artísticas y documentos de relevancia para la memoria cultural del estado.
El inmueble que actualmente ocupa, explicaron, fue recuperado hace más de dos décadas cuando se encontraba en abandono y con daños estructurales, tras lo cual fue habilitado para actividades culturales mediante el esfuerzo de sus integrantes y sin recursos públicos. También rechazaron que la operación de una barra de café represente fines de lucro, asegurando que los ingresos se destinan al sostenimiento de sus actividades.
Por su parte, el Gobierno de Hidalgo aclaró que no se trata de un desalojo, sino de la “recuperación legal e institucional” de un inmueble propiedad del estado, que —según indicó— fue otorgado en comodato a la fundación en 2022 con vigencia hasta 2042, bajo condiciones que calificó como desventajosas para el interés público.
En su postura oficial, la administración estatal señaló que el objetivo es transformar el espacio en un museo de carácter público, abierto a toda la sociedad, con estándares adecuados para la conservación y exhibición de acervos culturales. Asimismo, sostuvo que la cultura debe garantizarse como un derecho colectivo y no permanecer bajo esquemas de uso prolongado por entidades privadas.
El gobierno aseguró que el proyecto busca rescatar, restaurar y potenciar el inmueble, manteniendo su vocación cultural, e invitó a la propia fundación a integrarse a esta nueva etapa.
El caso ha abierto un debate sobre la gestión de los espacios culturales, el papel de las asociaciones civiles y el alcance del Estado en la administración del patrimonio histórico. Mientras la fundación insiste en que continuará su labor con el respaldo de la sociedad, la autoridad estatal reafirma su intención de consolidar un proyecto cultural de carácter público en el lugar.
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