La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó este miércoles cualquier vínculo del exdirector de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Salvador «Alex Tonatiuh» Márquez Hernández, con redes de contrabando de combustible o «huachicol fiscal», enfatizando que «hasta el momento no hay nada que pueda indicarnos que así fue».
Leonardo Soto Montaño
En su conferencia matutina, la mandataria destacó que Márquez Hernández colaboró activamente en investigaciones clave, aportando información que permitió decomisos significativos, como la alerta sobre pipas en el puerto de Tampico que derivó en el aseguramiento de un buque con millones de litros de hidrocarburo ilegal.
Sheinbaum confirmó la separación del cargo de Márquez Hernández, decisión tomada por el titular de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, con acuerdo del propio exfuncionario. «No somos tapadera de nadie; actuamos con honestidad y responsabilidad», afirmó la presidenta, al precisar que cualquier evaluación de su desempeño debe basarse en procedimientos administrativos formales y, de existir indagatorias, corresponderían a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno o la Fiscalía General de la República (FGR). La salida se produce en medio de señalamientos periodísticos desde julio de 2025, que lo acusan de presuntos nexos con empresas bajo revisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por operaciones irregulares en importación de autos de lujo y combustible, además de enriquecimiento inexplicable y la supuesta revocación de su visa estadounidense.
El caso de Márquez Hernández, quien asumió el puesto en abril de 2025 tras roles previos en la ANAM, resalta las tensiones en el combate al huachicol fiscal un esquema de evasión que cuesta a Pemex miles de millones anuales mediante importaciones sin pago de impuestos como IVA e IEPS. En lo que va de la administración, se han decomisado más de 39 millones de litros de combustible ilícito en operativos mayores, como los de Coahuila y Tamaulipas, donde Márquez aportó datos cruciales. Sheinbaum urgió a no prejuzgar: «Si hay algo contra él, tiene que ser con base en las investigaciones administrativas», recordando que el gobierno ha impulsado reformas a la Ley de Aduanas para responsabilizar a importadores, agentes y servidores públicos.
Este episodio se inscribe en un año de purgas en aduanas, consideradas «campo minado» por escándalos de corrupción que involucran colusión con crimen organizado. Reportes internacionales, como los de la DEA y el Departamento de Comercio de EE.UU., han señalado prácticas mexicanas como obstáculos comerciales, exigiendo cooperación en redes transfronterizas. Expertos como el analista fiscal Luis Pérez de Acha, del IMCO, ven en la desvinculación un mensaje de cero tolerancia: «El huachicol fiscal ha mutado a contrabando sofisticado; relevar funcionarios cuestionados fortalece la credibilidad, pero requiere investigaciones exhaustivas para evitar impunidad».
Hasta el cierre de esta edición, ni la ANAM ni Márquez Hernández han emitido declaraciones adicionales, aunque fuentes internas indican que el exfuncionario coopera con revisiones internas. Sheinbaum cerró el tema con firmeza: «El combate al contrabando continúa; no permitiremos que nadie manche el esfuerzo colectivo». En un gobierno que promete austeridad y transparencia, el caso de «Alex Tonatiuh» pone a prueba la narrativa anticorrupción: colaboración reconocida, pero bajo escrutinio permanente. El puerto de Tampico, epicentro de decomisos, sigue vigilado.
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