Leonardo Soto Montaño
En un giro que parece sacado de un thriller narco, Joaquín Guzmán López, hijo del extraditado capo Joaquín «El Chapo» Guzmán, confesó haber orquestado el secuestro de su exsocio Ismael «El Mayo» Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, para entregarlo a las autoridades estadounidenses a cambio de clemencia judicial. El acto, revelado en una audiencia federal en Chicago, expone las fracturas internas de una de las mafias más poderosas de México y marca el ocaso de una alianza que duró décadas, dejando al cártel en un limbo de venganzas y reacomodos territoriales.
La confesión de Guzmán López, de 38 años y conocido como «El Güero», se presentó el pasado 28 de noviembre ante la jueza Sharon Johnson Coleman, en el Distrito Norte de Illinois. En su declaración de culpabilidad por dos cargos tráfico de drogas continuado y liderazgo de una empresa criminal, detalló paso a paso la emboscada que culminó con la captura de Zambada el 25 de julio de 2024. «Lo cité para una reunión de negocios en Sinaloa, pero todo fue una trampa», admitió Guzmán López, según transcripciones judiciales. El pretexto: resolver una disputa no revelada sobre envíos de fentanilo y cocaína. Zambada, de 77 años y maestro del bajo perfil durante medio siglo de impunidad, mordió el anzuelo y acudió al lugar designado, una hacienda discreta en las sierras sinaloenses.
Allí, Guzmán López lo guio a una habitación supuestamente segura. En secreto, había removido el cristal de una ventana para permitir la irrupción de un equipo de sicarios leales a su facción hombres armados con pistolas Glock y rifles AR-15, según fuentes de inteligencia de la DEA. Al cerrar la puerta, los encapuchados entraron por la abertura, esposaron al septuagenario y le cubrieron la cabeza con una bolsa negra. «No hubo resistencia; El Mayo siempre fue un hombre de palabra, no de balas», relató Guzmán López en corte, evocando el contraste con la belicosidad de su padre. Lo arrastraron a una camioneta blindada y lo llevaron a una pista clandestina, donde un jet privado Cessna Citation los esperaba. Antes del despegue, Guzmán López le ofreció una bebida «para calmar los nervios» mezclada con un sedante como Rohypnol, que él mismo probó para disimular. El vuelo de dos horas aterrizó en un aeródromo remoto en Nuevo México, cerca de la frontera texana, donde agentes del FBI y la DEA esperaban sin haber sido notificados previamente.
El fiscal adjunto Andrew Erskine fue tajante: «El gobierno de Estados Unidos no solicitó, indujo ni aprobó este secuestro; fue una iniciativa unilateral de Guzmán López». Esta aclaración descarta teorías de conspiración que apuntaban a una operación encubierta de la CIA, y subraya la autonomía de las disputas internas en el cártel. Zambada, referido como «Individuo A» en los documentos para proteger su identidad durante el proceso, fue transferido inmediatamente a una cárcel de máxima seguridad en Nueva York. Allí, se declaró culpable ante el juez Brian Cogan el mismo que condenó a Chapo a cadena perpetua en 2019 por conspiración para traficar narcóticos. Su sentencia, inicialmente programada para enero de 2026, se adelantó al 12 de enero de 2025, con expectativas de al menos 20 años de prisión, dada su edad avanzada.
El Cártel de Sinaloa, responsable del 60% del fentanilo que inunda EE.UU. causando más de 70 mil sobredosis anuales, según el CDC, nació en los 80 de la unión entre El Chapo y El Mayo, excontrabandistas de marihuana que escalaron a imperios globales. Chapo, con su carisma y violencia, lideraba las guerras territoriales; Mayo, astuto y discreto, manejaba las finanzas y alianzas. Tras la captura de Chapo en 2016 y su extradición, los «Chapitos» hijos como Joaquín y Ovidio heredaron el ala más agresiva, chocando con la facción moderada de Mayo. Tensiones por control de laboratorios en Durango y rutas en Sonora culminaron en esta traición, que analistas de la Universidad de San Diego catalogan como «el fin de la pax sinaloense». «Es una guerra civil disfrazada de justicia», opina el experto en narcotráfico Javier Valdez, en un análisis reciente para Proceso, recordando que el cártel ya enfrenta balaceras en Culiacán tras la detención de Zambada.
Guzmán López no actuó solo: su hermano Ovidio, extraditado en 2023 y también culpable en Chicago, se beneficiaría de la clemencia. Los fiscales recomendarán una sentencia por debajo de la perpetua mínima de 40 años, a cambio de más delaciones sobre lavado de dinero en Europa y envíos desde China. Sin embargo, Erskine advirtió: «No hay créditos por el secuestro; solo por cooperación futura». Ovidio, de 35 años, enfrenta cargos similares por el «Culiacanazo» de 2019, cuando su captura provocó un levantamiento armado que liberó a miles de civiles. La familia Guzmán, con tres hijos en prisión los otros dos, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, siguen prófugos, ve en esta jugada un salvavidas, pero arriesga represalias de leales a Mayo, como el «Mayito Flaco».
En México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo Omar García Harfuch, monitorea el impacto: al menos 12 homicidios vinculados en Sinaloa desde julio, per reportes preliminares. La presidenta Claudia Sheinbaum, en su mañanera del lunes, reiteró la colaboración con EE.UU. vía la Iniciativa Mérida, pero evitó detalles: «No comentamos operaciones en curso; priorizamos la paz en regiones afectadas». Expertos como la criminóloga de la UNAM, Laura Ávila, ven en esto un modelo de «traición incentivada»: «Los hijos de capos negocian como empresarios, pero dejan un vacío que el CJNG podría llenar».
Hasta el cierre de esta edición, Guzmán López permanece en aislamiento en el Metropolitan Correctional Center de Chicago, mientras Zambada, debilitado por la edad, prepara su defensa final. Esta «cita fatal» no solo desmantela liderazgos, sino que redefine el narco: de lealtades de sangre a pactos con la justicia. En las sierras de Sinaloa, donde todo empezó, el silencio de Mayo resuena como un presagio de más traiciones por venir.
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