La Justicia capitalina avanza en las investigaciones por los disturbios de la Marcha de la Generación Z del 15 de noviembre, con un juez del Reclusorio Norte que vinculó a proceso a cuatro implicados por robo y lesiones, mientras cinco más enfrentan prisión preventiva justificada por falta de arraigo y estabilidad domiciliaria. Las audiencias, realizadas en las instalaciones del Centro de Sometimiento a la Justicia en el Reclusorio Norte y en un Ministerio Público de la alcaldía Miguel Hidalgo, marcan el primer paso formal en el proceso penal contra los detenidos durante los choques violentos en el Zócalo, que dejaron un saldo de más de 120 heridos principalmente policías y daños patrimoniales estimados en 2 millones de pesos. «La ley se aplica con equidad, sin distingo de edades o motivaciones; la violencia no es el camino para el diálogo», afirmó la fiscal general de Justicia de la CDMX, Bertha Alcalde, en un comunicado posterior, al resaltar que las indagatorias continúan para identificar posibles infiltrados en la protesta juvenil.
El caso deriva de la movilización convocada en redes sociales bajo el emblema de la bandera pirata de «One Piece», que atrajo a miles en más de 50 ciudades para denunciar la inseguridad, la corrupción y la impunidad, catalizada por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, el 1 de noviembre. En la CDMX, el contingente principal estimado en 17,000 personas según la SSC derivó en vandalismo al final del recorrido: derribo de vallas metálicas frente a Palacio Nacional con herramientas como esmeriles y marros, lanzamiento de piedras, cohetes y objetos incendiarios contra agentes antimotines. La respuesta policial incluyó gases lacrimógenos y encapsulamientos, sin uso de armas letales, lo que la presidenta Claudia Sheinbaum defendió como «contención proporcional» en su mañanera del lunes, acusando a un «grupo violento con caras conocidas de la oposición» de orquestar los excesos.
Las audiencias iniciales, que se extendieron por más de 10 horas, involucraron a nueve imputados todos hombres entre 18 y 35 años, presuntamente vinculados al «Bloque Negro» de encapuchados vestidos de negro. Cuatro de ellos fueron vinculados a proceso por los delitos de robo simple y lesiones, pero con medidas cautelares que les permiten libertad durante el juicio: presentación periódica ante la autoridad cada 15 días y prohibición de salida del país.
En contraste, los cinco restantes solicitaron la duplicación del plazo constitucional para preparar su defensa de 72 a 144 horas, lo que derivó en prisión preventiva justificada. El juez argumentó falta de arraigo probado, variabilidad en domicilios y riesgo de reiteración delictiva, basándose en evidencias como videos de las cámaras del C5 que los muestran rompiendo vidrios y agrediendo a elementos de la SSC. «Por lo que hace a cinco de los demás imputados, estos quedaron en medida cautelar prisión preventiva justificada, a razón de que el juez consideró que no tenía un tema de un arraigo variado su domicilio», explicó Ruiz en rueda de prensa improvisada fuera del reclusorio. Sus situaciones se resolverán en una audiencia complementaria dentro de las próximas 144 horas, donde podrían apelar por libertad bajo caución o fianza.
Uno de los nueve fue atendido por separado en un Ministerio Público de Miguel Hidalgo, por presuntas lesiones a un agente durante un forcejeo inicial en el Ángel de la Independencia, aunque su vinculación aún pende de resolución.
Por su parte, la SSC reportó que los detenidos portaban identificaciones falsas y herramientas especializadas, alimentando la narrativa oficial de infiltración. Sheinbaum, en su conferencia del martes, reiteró: «Apoyamos la manifestación pacífica, pero no la agresión; la Fiscalía investigará hasta las raíces». Organizaciones como Amnistía Internacional pidieron «investigación imparcial» para evitar estigmatización, recordando que en protestas previas como la de Ayotzinapa en 2014, las detenciones masivas erosionaron la confianza pública.
Este caso ilustra la tensión entre derecho a la protesta y orden público. Con elecciones intermedias en 2027 en el horizonte, las detenciones podrían polarizar más: ¿freno a la disidencia o lección para canalizar el descontento? Mientras los cinco en prisión preventiva aguardan su audiencia, el eco de la marcha pirata resuena: la juventud exige no solo justicia, sino un futuro sin vallas ni gases.
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