En respuesta a la escalada de extorsiones que azotan el país, desde montajes viales hasta cobros de «piso» en prisiones, el Senado de la República impulsa una nueva Ley contra la Extorsión que propone penas de hasta 42 años de prisión para los delincuentes más reincidentes y sanciones ejemplares para autoridades cómplices. El proyecto de dictamen, aprobado por las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, eleva la penalidad base del delito a entre 15 y 25 años de cárcel, con agravantes que podrían multiplicar las condenas en casos de violencia organizada o facilitación institucional. «No toleraremos que el miedo sea moneda de cambio en México; esta ley busca desmantelar redes enteras, no solo a los ejecutores», declaró el senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara Alta, durante la discusión preliminar este martes.
La iniciativa, derivada de una minuta enviada por la Cámara de Diputados y distribuida el lunes por la tarde, se prevé que reciba luz verde en comisiones hoy mismo, para luego pasar al pleno senatorial en sesiones extraordinarias. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las extorsiones reportadas aumentaron un 22% en el primer semestre de 2025, con más de 8,500 carpetas de investigación abiertas, concentradas en estados como el Estado de México, Jalisco y la Ciudad de México. Modalidades como las «llamadas falsas» donde impostores se hacen pasar por policías o familiares secuestrados representan el 40% de los casos, mientras que los montachoques, táctica que involucra choques intencionales para exigir pagos inmediatos sin involucrar aseguradoras, han proliferado en autopistas y avenidas urbanas, dejando un saldo de al menos 1,200 incidentes anuales.
La propuesta redefine la extorsión como cualquier acto que obligue a una víctima a entregar dinero, bienes o favores mediante amenazas, engaños o intimidación, abarcando desde el «cobro de piso» a pequeños negocios hasta demandas masivas a empresas. Las penas base se endurecen de los actuales 4 a 8 años –previstos en el Código Penal Federal– a un mínimo de 15 años y máximo de 25, con multas equivalentes a hasta 5,000 días de salario mínimo.
Los agravantes, que podrían llevar a sentencias de hasta 42 años, se aplican a:
“Montachoques”: Grupos que provocan accidentes deliberados con vehículos obsoletos en zonas sin vigilancia, utilizando cómplices como «testigos» o «ajustadores» para presionar pagos en efectivo. Esta práctica, común en el Valle de México y Guadalajara, genera ingresos ilícitos estimados en 500 millones de pesos anuales, según un informe de la Guardia Nacional de octubre de 2025.
“Extorsiones desde prisiones”: Llamadas o mensajes vía dispositivos introducidos ilegalmente, que representan el 15% de las denuncias. La ley impone hasta 12 años de cárcel por ingresar teléfonos inteligentes o gadgets similares, y eleva a 30 años las penas para custodios que lo permitan.
“Cobro de piso y redes organizadas”: Cuando involucran violencia o vínculos con cárteles, como el CJNG en Quintana Roo o Los Viagras en Michoacán, donde extorsionan a productores de aguacate y hoteles turísticos.
Un capítulo clave apunta a la corrupción: policías, fiscales, jueces y custodios que omitan denunciar o faciliten extorsiones enfrentarán hasta 20 años de prisión, con inhabilitación perpetua. «La impunidad nace en las trincheras de la justicia; esta reforma cierra esa puerta», enfatizó la senadora Citlalli Hernández, de Morena, al resaltar que el 30% de las extorsiones involucran colusión con autoridades locales, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) desclasificado este año.
Con el aval de Morena, PT y PVEM que suman mayoría calificada, la ley podría publicarse en el DOF antes de diciembre, alineándose con la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su mañanera del viernes urgió «ataques frontales a la impunidad económica del crimen». Sin embargo, críticos como el senador Gustavo Madero (PAN) cuestionan si no se convertirá en «una ley más en el papel», recordando que reformas previas contra el robo de hidrocarburos elevaron penas sin reducir incidencia.
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