En medio de la cumbre del G7, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó de plano cualquier envío de tropas o acciones unilaterales contra los cárteles mexicanos, subrayando que Washington está listo para proporcionar equipo, entrenamiento y datos de inteligencia, pero únicamente a petición expresa del gobierno de México. Las declaraciones, pronunciadas durante una rueda de prensa en la región de Niágara, responden al reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, el 1 de noviembre, y a la creciente presión por una respuesta más agresiva al narcotráfico transfronterizo. «No vamos a tomar medidas por nuestra cuenta ni a meter fuerzas estadounidenses en territorio mexicano», enfatizó Rubio, al reconocer la potencia de estos grupos criminales, a los que equiparó con terroristas por su superioridad armamentística y organizativa en ciertas regiones del país vecino.
El contexto de la declaración se enmarca en la designación de cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) impulsada por la administración de Donald Trump. En enero, una orden ejecutiva abrió la puerta a esta clasificación, y en febrero, el Departamento de Estado incluyó a ocho grupos, seis de ellos mexicanos, lo que ha ampliado las herramientas para sanciones financieras y procesos judiciales. Esta medida, aunque bienvenida en Washington por su potencial para desmantelar redes de lavado de dinero y tráfico de precursores químicos, ha generado roces diplomáticos con México, que ve en ella un riesgo de injerencia. Rubio, sin embargo, defendió el enfoque: «Estos cárteles son muy poderosos; no tienen ideología, pero sí más armas, mejor entrenamiento e inteligencia que muchas fuerzas estatales. Son terroristas en la práctica, como hemos visto en Ecuador o Colombia».
Desde el lado mexicano, la respuesta ha sido cauta pero abierta. La presidenta Claudia Sheinbaum, en una conferencia reciente, reiteró que México no tolerará «invasiones disfrazadas», pero valoró la colaboración operativa, como las operaciones conjuntas en la frontera que han incautado toneladas de precursores químicos en puertos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Analistas como el experto en seguridad internacional, Raúl Benítez Manaut, coinciden en que esta fórmula evita escaladas: «La designación de FTO es un arma financiera útil, pero sin tropas en suelo mexicano, se mantiene el equilibrio. México ha extraditado a más de 20 capos clave este año, lo que demuestra que la presión funciona sin necesidad de botas en el terreno».
Mientras Trump, desde Washington, presiona por resultados visibles antes de las elecciones intermedias de 2026, Sheinbaum podría responder con una solicitud formal de apoyo en la próxima reunión bilateral. Rubio lo dejó claro: «Si piden ayuda, se la brindamos al 100%. Pero la decisión es de ellos». En un continente marcado por el narco como amenaza común, el mensaje es pragmático: la frontera no se cruza con tanques, sino con inteligencia compartida. El futuro de esta alianza, forjada en el respeto mutuo, podría definirse en los próximos meses, lejos de los reflectores del G7 pero con el peso de miles de vidas en juego.
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