Un escándalo ha sacudido las redes sociales y la política mexicana, luego de que se filtrara información sobre una presunta campaña en la que el gobierno habría destinado recursos públicos para pagar a influencers con el fin de hablar negativamente sobre la marca Electrolit, una de las bebidas electrolíticas más populares del país.
Según diversas fuentes, la campaña de desprestigio habría sido orquestada por funcionarios del gobierno, quienes pagaron a figuras de redes sociales para que difundieran mensajes en contra de la marca. El objetivo, aparentemente, era debilitar la posición de Electrolit en el mercado y para que esa marca pagara impuestos ya que se considera como un medicamento.
Aunque el gobierno no ha confirmado oficialmente la información, expertos en comunicación política temen que se trate de una estrategia para manipular la opinión pública a través de la desinformación. Por otro lado, Electrolit ha anunciado que tomará acciones legales contra los responsables.
Este caso pone en evidencia los peligros de manipulación de las redes sociales, una herramienta que, en manos equivocadas, puede ser utilizada para moldear la percepción pública.
La sociedad ahora exige mayor transparencia sobre el origen de los fondos utilizados en este tipo de campañas.
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