Con la entrada en funciones de más de 2 mil jueces, magistrados y ministros electos por voto popular, México dio este lunes un giro histórico a su sistema judicial, en lo que el gobierno federal ha calificado como “el inicio de una nueva era”.
Entre los funcionarios que asumieron sus cargos se encuentran los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como jueces estatales y distritales en todo el país. Esta transformación responde a la reforma judicial promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y completada por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum.
Durante el acto protocolario, la presidenta Sheinbaum celebró el comienzo de este nuevo capítulo como «el fin de un sistema marcado por la corrupción, el nepotismo y los privilegios que durante décadas dañaron la confianza en la justicia mexicana».
“La llegada de estos nuevos jueces representa no solo una renovación institucional, sino un cambio profundo en la manera en que se concibe la justicia en el país”, expresó la presidenta. “Esta es una respuesta a un reclamo legítimo del pueblo por un sistema más transparente y verdaderamente democrático”.
Sin embargo, el proceso electoral que permitió esta renovación ha sido objeto de críticas. Diversos observadores y organizaciones civiles han señalado la baja participación ciudadana, con apenas el 13% de participación electoral, esto es un indicio de desinterés o desconfianza. A esto se suman denuncias sobre presuntas irregularidades y el uso de recursos públicos para favorecer a candidatos cercanos al oficialismo.
A pesar de ello, el gobierno defiende la legitimidad del proceso y asegura que se trata de un avance sin precedentes hacia una justicia más cercana a la ciudadanía.
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