- En el lugar celebraban en honor a San Telmo.
Por Redacción
Progreso, Yucatán.– Un nuevo conflicto por el acceso a las playas mexicanas se registró el pasado 20 de abril en el municipio de Progreso, donde una pareja de origen mexicano-canadiense intentó impedir que pobladores accedieran a la playa durante la tradicional celebración en honor a San Telmo, santo patrono de los pescadores.
Según testigos, la pareja se molestó por la presencia de vehículos estacionados cerca de su domicilio, los cuales pertenecían a los asistentes al evento religioso. En un video difundido en redes sociales, se observa al hombre, visiblemente alterado, exigiendo que los autos fueran retirados y reclamando que, tras las festividades, los visitantes suelen dejar basura en el área.
“Ustedes vienen a contaminar con sus put@s chelas y luego están bien pedos. Afectan a los peces. ¡Cuida la naturaleza, la naturaleza sí existe, cabrón!”, reclamó el vecino en tono exaltado.
Los pobladores, por su parte, aseguraron que no invadieron la propiedad privada ni causaron disturbios, y defendieron su derecho al disfrute libre de las playas, más aún durante una celebración de carácter cultural y religioso.
Ante la creciente tensión, el alcalde de Progreso, Erik Rihani, acudió personalmente al lugar para mediar en el conflicto. Finalmente, los vehículos fueron retirados de la zona de manglares cercana a la vivienda de la pareja, y la festividad continuó de manera pacífica.
¿Se pueden privatizar las playas en México?
De acuerdo con la Ley General de Bienes Nacionales, el acceso a las playas está garantizado para toda persona, ya que estas se consideran bienes de uso común. La reforma de 2020 refuerza esta garantía a través del Artículo 8, el cual prohíbe expresamente que se restrinja, obstaculice o condicione el acceso, salvo en los casos que determine la ley.
Asimismo, el Artículo 127 obliga a los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre a permitir el acceso, incluso si no hay vías públicas cercanas, para lo cual la Semarnat puede intervenir.
Quienes incumplan con estas disposiciones se enfrentan a multas de entre 3 mil y 12 mil UMA y, en caso de reincidencia, la revocación de permisos, concesiones o autorizaciones.
El caso en Progreso reaviva el debate sobre el respeto al derecho al libre acceso a las playas y la convivencia entre residentes y visitantes en zonas turísticas.
